Según consta en varios estudios analizados por The Lancet, el aislamiento social preventivo obligatorio ha generado efectos psicológicos negativos en la población y, consecuentemente, se ha producido un aumento en el consumo de psicofármacos que podría tener consecuencias a largo plazo.
Según consta en varios estudios analizados por The Lancet, el aislamiento social preventivo obligatorio ha generado efectos psicológicos negativos en la población como estrés postraumático, ansiedad, depresión, agotamiento, insomnio, frustración, desapego e ira. Consecuentemente, se ha producido un aumento en el consumo de psicofármacos que podría tener consecuencias a largo plazo.
El 25 de marzo, el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos de Argentina destacó que, durante ese mes, la venta de psicofármacos se había incrementado notablemente. Dentro de la demanda, las drogas clonazepam, lorazepam y zopiclona figuraban como las más requeridas para el tratamiento de ataques de pánico, ansiedad e insomnio.
Pero esta tendencia no se registró únicamente en Argentina. Un artículo en el Journal of Affective Disorders analiza los efectos a largo plazo del empleo de elevadas dosis diarias de benzodiacepinas en pacientes con trastornos de ansiedad y/o depresión.
El estudio concluye que cuando se emplean elevadas dosis durante períodos prolongados de tiempo, aumentan la depresión, el uso de antipsicóticos de segunda generación y las dificultades con el sueño.
También, indica que los adultos mayores son una población muy vulnerable. Por eso, los investigadores sugieren que los pacientes deben ser informados por su médico/a acerca de la existencia y disponibilidad de otros tratamientos alternativos.
En The American Journal of Geriatric Psychiatry se publicó un artículo que alertaba sobre los riesgos que supone el incremento del consumo de benzodiacepinas por parte de los adultos mayores durante la pandemia de COVID-19.
El problema con estos medicamentos en personas mayores de 65 años radica en los potenciales efectos adversos sobre las funciones cognitivas y motoras, que pueden ser la causa de episodios de desorientación y delirios. Estos problemas se agravan si durante el tratamiento se toman otras drogas, como opioides de prescripción médica para el tratamiento del dolor crónico.
Por otra parte, a las personas de edad avanzada que presentan síntomas neuropsiquiátricos -como delirios, alucinaciones, suspicacia, irritabilidad o agitación psicomotriz- y desarrollan cuadros graves de COVID-19, se les debe administrar, conjuntamente, fármacos experimentales para el tratamiento de la enfermedad y psicofármacos.
Frente a esta necesidad clínica, la Sociedad Española de Psicogeriatría propone un abordaje farmacológico racional que resuelva o palíe los síntomas de agitación psicomotriz o psicosis con la menor cantidad posible de contraindicaciones.
El abuso o la dependencia de psicofármacos no atañe solo a adultos mayores. Tampoco se ha iniciado con la pandemia de COVID-19.
Países de América del Norte, como Estados Unidos y Canadá, atraviesan una fuerte crisis de opioides desde principios de la década de 1990, que se ha acentuado en los últimos 10 años, constituyendo un grave problema de salud pública.
Diversos investigadores coinciden en que América Latina no está exenta de atravesar una crisis similar. Y los datos de diversas entidades oficiales parecen plantear lo mismo. En el caso particular de Argentina, un estudio de la Sedronar del año 2017 reveló que casi 3 millones de personas de entre 12 y 65 años recurren cotidianamente a psicofármacos para dormir y/o disminuir la ansiedad o la angustia.
El consumo de este tipo de medicamentos es alto en la población urbana del país y aumenta con la edad. Alcanza el 26,4% entre los 50 y los 65 años.
Por otro lado, el consumo es mayor en las mujeres (17,6%) que en los varones (12,8%).
Entre los 35 y los 49 años, el 19,3% de las mujeres expresó haber consumido tranquilizantes o ansiolíticos alguna vez en la vida; y, entre los 50 y los 65 años, la prevalencia llega al 35%. En tanto, el 4% sostuvo haber consumido estimulantes o antidepresivos.
El problema con la prescripción legal de estos medicamentos radica en que son recetados, en gran parte, por médicos de familia. En este sentido, un informe del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones señala que solamente el 19% de las recetas son realizadas por psiquiatras, mientras que el 81% provienen de consultas a los médicos de familia.
Por ello, David Goodman Meza -investigador de la Universidad de California- en un ensayo publicado en American Journal of Public Health propone un mayor entrenamiento en la prescripción de opioides durante las etapas formativas de los médicos y médicas. Siempre basado en evidencias científicas sólidas. Asimismo, indica que es necesario realizar un mayor monitoreo en las prescripciones.
Por su parte, Alfredo Covarrubias Gómez, en la Revista Mexicana de Anestesiología, advierte acerca de la necesidad de evitar la injerencia de la industria farmacéutica en entidades regulatorias y la buena práctica de explicitar el patrocinio de actividades educativas médicas.
El psicólogo Boris C. Rodríguez-Martín, miembro de la clínica Recal para el tratamiento de las adicciones, plantea que resulta más difícil modificar un patrón de adicción a estos medicamentos que a cualquier otra sustancia no legal.
Por lo tanto, propone una serie de preguntas para que el paciente pueda tomar consciencia de si presenta un patrón de abuso o dependencia de psicofármacos.
Este cuestionario, readaptado, podría ser tomado por el profesional médico a la hora de realizar la entrevista clínica con sus pacientes. De esta forma, podría contener las siguientes preguntas:
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